Primera demanda contra el Estado y AstraZeneca por la vacuna del COVID: una mujer reclama más de $90 millones
Los tribunales argentinos han recibido la primera demanda pública contra la vacuna AstraZeneca. Una mujer, Flavia Ochoa, de 39 años y oriunda de Coronel Moldes en Córdoba, ha demandado tanto a la firma farmacéutica como al Estado Nacional por daños y perjuicios, reclamando una suma millonaria. Ochoa sostiene que, inmediatamente después de recibir la vacuna de AstraZeneca, sufrió el Síndrome de Guillain-Barré, un trastorno que afecta el sistema inmunitario, ataca los nervios y puede provocar la paralización del cuerpo.
El reclamo de Ochoa comenzó antes de que en Europa se conociera el reconocimiento de AstraZeneca sobre los efectos secundarios poco comunes de su vacuna y el retiro de partidas de circulación. Inicialmente, presentó su caso en un trámite administrativo ante el Ministerio de Salud, pero al no obtener respuestas, la demanda llegó a los tribunales federales de Río Cuarto. En su demanda, también busca que se declare la inconstitucionalidad de un artículo de la Ley de Vacunas, que otorga inmunidad patrimonial a las empresas respecto a indemnizaciones por efectos adversos de las vacunas.
El abogado de Ochoa, Pablo Roca, declaró a Infobae: “Acá hubo un daño a la fe pública y al sistema de salud en general provocado por AstraZeneca”. La demanda incluye varios conceptos: 7,4 millones de pesos por incapacidad sobreviniente, 25,3 millones de pesos por fondo de reparación Ley 27.573, 9,3 millones de pesos por proyecto de vida-pérdida de chance, 7,5 millones de pesos por daño moral, 1,5 millones de pesos por daño moral de la pareja, 49,5 millones de pesos por daño punitivo y 180.000 pesos por daño emergente
El caso está en manos del juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa (sin relación con la víctima). El magistrado ha solicitado a la fiscalía que opine sobre la competencia de la causa antes de definir el rumbo del expediente.
Esta demanda abre un nuevo capítulo en la controversia sobre la responsabilidad y los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19, y su resolución podría tener implicaciones significativas tanto para el sistema de salud como para las políticas de vacunación en el país.
