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¿NEGOCIO DE POCOS?: Irregularidades en el alquiler de un salón salpican a la conducción del Consejo de Ciencias Económicas

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La renuncia del vicepresidente 2do, C.P. Federico Mateo, y una serie de irregularidades denunciadas por el mismo a fines del mes de enero, que tomaron estado público por estos días, pusieron en jaque el desempeño de la actual conducción que llevan adelante Juan Pablo López López y Hermosinda (Chinda) Egüez, al frente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, ocupando la presidencia y la vicepresidencia 1ra respectivamente.

La polémica por el alquiler del edificio Ábaco y el Salón María Guía de Villada a una empresa denominada ECOLE SUPERIÉURE VATEL SALTA S.A., dedicada a la capacitación en Administración Hotelera, bajo el título Contrato Oneroso de Uso de Instalaciones, surgió según la documentación a la que tuvo acceso Salta a la Vista, ante la aparente decisión inconsulta del Consejo Directivo al que pertenecía Mateo, y que según el mismo, se llevó a cabo por una suma irrisoria, que extrañamente se abonaba a mes vencido y que le otorgaba a la firma la potestad de hacer uso sin especificación de metros cuadrados de dichas instalaciones y hasta mejoras que no debían ser aprobadas por el Consejo.

En el mismo escrito, Mateo dejó entrever que incluso la naturaleza de lo que es un contrato de Locación, se llevó adelante bajo la denominación “Contrato Oneroso de Uso de Instalaciones”, con la finalidad de “ocultar la verdadera sustancia del acto jurídico celebrado”.

Debe mencionarse, además, que el Salón Ábaco goza de una excelente ubicación, sobre Avda. Belgrano al 1400, y que el contrato para dicha explotación comercial se llevó adelante por la irrisoria suma de $435.600, valor inferior a cualquier alquiler de ese estilo, cuando un departamento en la zona para uso familiar y de dimensiones reducidas supera los $600.000 a valores actuales, según pudo verificar este medio, y cuya redacción original dejaba constancia de que se llevarían adelante actualizaciones semestrales.

En la cláusula 5ta, en la que se establecía el importe se imponía un beneficio pocas veces acordado en este tipo de celebraciones: “En caso de que el tiempo de ocupación mensual fuese parcial, abonará la suma de dinero supra establecida en forma proporcional al tiempo efectivamente ocupado”, rezaba el documento.

Otro dato a tener en cuenta de la exposición llevada adelante en un escrito con fecha 30 de enero, por el ex vicepresidente 2do de la institución, es que los servicios (luz, gas, agua, wifi, etc) se encontraban a cargo del Consejo, resultando absolutamente onerosa su aplicación, más aún entendiendo que dicha explotación albergaría hasta 165 alumnos, sin contar el resto de personal necesario para tal finalidad.

En la presentación formal, Mateo puso además en conocimiento del resto de los consejeros que el contrato que entraba en vigencia el 1 de febrero de 2024, consignaba entre sus “cláusulas liberalidades y errores que claramente resultan contrarias a los intereses del Consejo y sus matriculados”, señalando así: «resulta excesivo y compromete largamente a las gestiones subsiguientes a la de las autoridades actuales, convirtiéndose en un verdadero ACTO DE DISPOSICIÓN DE UN BIEN QUE CONFORMA EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD, para el cuál se requiere una mayoría especial”.

El mismo escrito elevado a la actual conducción, dejó constancia que el segundo párrafo de dicha cláusula “contiene una redacción contradictoria referida a la renovación automática y la restitución de las instalaciones cedidas”.

Cabe destacar que tras tantas disposiciones favorables a la empresa ECOLE SUPERIÉURE VATEL SALTA S.A., y ante el escándalo interno desatado por la presentación y renuncia del vicepresidente 2do a la actual conducción, que fue puesto en conocimiento del resto de los consejeros; el cuestionado contrato, sufrió algunas de las modificaciones requeridas, lográndose detallar el uso de los espacios, la incorporación del pago de todos los servicios, la cancelación por adelantado de la suma fijada para el alquiler como ocurre con cualquier hijo de vecino con un mínimo incremento en su valor de $30.000, y actualizaciones trimestrales; más allá de que a la fecha y en los pasillos del Consejo muchos matriculados  aún hoy consideren que se trató de un “negocio para pocos”.


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