La Caja Interprofesional de Seguridad Social busca continuar funcionando y advirtió sobre posibles consecuencias de la derogación
La entidad defendió la sustentabilidad del sistema previsional, presentó datos sobre los aportes y beneficios y planteó un período extraordinario de 30 días para que los afiliados puedan regularizar su situación. También advirtió sobre las consecuencias que podría generar una eventual derogación de la normativa y la falta de seguridad jurídica que implica derogar una ley que se consensuó y que apenas cuenta con dos años de sanción.
La Caja Interprofesional de Seguridad Social de Salta presentó ante la Cámara de Diputados de la Provincia su posición institucional frente al proyecto de derogación de la Ley N.º 8444 y solicitó a los legisladores que mantengan vigente el régimen previsional. Como alternativa para superar los conflictos generados durante su implementación, propuso un mecanismo excepcional de regularización destinado a los afiliados.
En su presentación, la institución sostuvo que el sistema es financieramente viable y respaldó esa afirmación en estudios actuariales elaborados por profesionales independientes y certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
Según los datos difundidos por la Caja, actualmente existen 1.106 afiliados activos. De ese total, 471 realizaron aportes y 235 se encontraban completamente al día hasta octubre de 2026. Además, 21 afiliados habían comenzado a aportar, pero interrumpieron los pagos ante la incertidumbre generada por el tratamiento del proyecto de derogación en la Cámara de Senadores.
La entidad también informó que 344 afiliados cuentan con bajas, licencias o suspensiones debidamente documentadas, en función de las situaciones contempladas por la propia legislación, como el cese del ejercicio profesional, el cumplimiento de un régimen laboral de 40 horas semanales o la dedicación exclusiva a la docencia.
Aportes y beneficios previsionales
En relación con los cuestionamientos sobre el costo de los aportes, la Caja presentó una comparación con el régimen nacional de monotributo.
De acuerdo con las cifras incluidas en el documento, el aporte promedio en el sistema nacional asciende a $88.147,94, mientras que la jubilación promedio es de $444.158,46. En la Caja Interprofesional, en cambio, el aporte promedio es de $92.829 y la jubilación ordinaria promedio alcanza los $714.000.
Con estos valores, la institución rechazó los argumentos que califican como excesivos los aportes exigidos por el régimen provincial.
Asimismo, atribuyó la falta de una mayor adhesión al sistema a la ausencia de acompañamiento de algunos colegios profesionales y a la incertidumbre generada por los sucesivos proyectos de derogación.
Una propuesta extraordinaria para regularizar la situación
La propuesta contempla que quienes adhieran comiencen a realizar sus aportes desde el mes de suscripción del convenio. A cambio, la Caja se comprometería a no exigir ni promover, durante un plazo de cinco años, el cobro administrativo, extrajudicial o judicial de las obligaciones devengadas entre febrero de 2025 y la fecha de firma del acuerdo.
Una vez finalizado ese período extraordinario, quedaría definido el universo de afiliados que integrarán el sistema. Quienes decidan permanecer conservarán la continuidad de su afiliación desde el inicio del funcionamiento del régimen.
La institución señaló que esta medida busca ofrecer una salida concreta a los profesionales que mantienen deudas por dudas, desconocimiento o información equivocada, y manifestó su disposición a establecer planes de pago sin recargos adicionales.
La advertencia ante una eventual derogación
La Caja también analizó las consecuencias de una posible aprobación del proyecto de derogación en los términos actuales. En ese sentido, advirtió que la iniciativa podría perjudicar a los profesionales que cumplieron con sus obligaciones durante la vigencia de la ley y beneficiar a quienes optaron por no hacerlo.
Ante ese escenario, solicitó que, si la Legislatura decide avanzar con la derogación, el proyecto sea modificado sustancialmente para establecer un mecanismo de liquidación de pasivos y distribución de los fondos que priorice a quienes realizaron aportes.
Según planteó la entidad, una eventual devolución de fondos sin reglas claras podría generar un perjuicio para los afiliados que cumplieron con la normativa, mientras que quienes no realizaron aportes podrían quedar sin consecuencias.
Además, cuestionó la consistencia de los datos utilizados para fundamentar el proyecto de derogación y señaló que, según su conocimiento, no se solicitaron informes institucionales a la Caja para contrastar la información antes de impulsar la iniciativa.
La sustentabilidad del sistema, en el centro del debate
Finalmente, la institución destacó que la legislación vigente contempla la posibilidad de incorporar a profesionales de otros colegios que actualmente no cuentan con un régimen previsional propio. En ese sentido, informó que mantiene conversaciones con autoridades de distintas entidades profesionales para evaluar futuras incorporaciones.
La Caja sostuvo que el debate sobre la Ley 8444 no debe limitarse a una discusión administrativa o económica, sino que debe contemplar la protección previsional de los profesionales y sus familias, incluyendo jubilaciones, cobertura ante situaciones de incapacidad y pensiones para los derechohabientes.
Con esta presentación, la entidad reiteró su pedido a los diputados provinciales para que no deroguen la Ley 8444 y consideren la propuesta de regularización como una alternativa para resolver los conflictos existentes sin desarticular el sistema previsional.
