¿Quién paga el ajuste del gobierno de Milei?
El gobierno argentino se encuentra en medio de desafíos fiscales tras implementar un ajuste que ha generado controversia. Según un informe de la consultora Empiria, el ajuste se ha distribuido mayormente a través de lo que ellos llaman la «licuadora», donde el 60% del recorte ha afectado a jubilaciones y salarios. Este enfoque ha generado críticas y debates sobre la sostenibilidad a largo plazo.
El ajuste, que según el gobierno estaba destinado a recortar privilegios y gastos innecesarios, se ha visto cuestionado por su impacto real. La obra pública y las transferencias a provincias, categorizadas bajo la «motosierra», representan solo el 27% del ajuste, mientras que el «freezer», centrado en la reducción de subsidios, contribuyó con el 12%.
El contexto de alta inflación ha sido un componente esencial de este ajuste, con partidas de gasto prácticamente congeladas. Sin embargo, con la desinflación acelerada que se vislumbra, se plantean nuevos desafíos para el gobierno en términos de ajuste fiscal.
Economistas advierten sobre la necesidad de un salto cualitativo en el ajuste fiscal, con una menor dependencia de la «licuación» y una mayor previsibilidad en los recortes y los ingresos. Aunque se espera que el gobierno logre cerrar el año con equilibrio fiscal o incluso superávit, la incertidumbre persiste respecto a la sostenibilidad de estas medidas.
Entre las luces amarillas que enfrenta el programa fiscal se encuentran la caída de la actividad económica, que impacta en los ingresos fiscales, y la eliminación del impuesto PAIS, que representa el 13% de la recaudación y está atado al cepo cambiario.
El gobierno enfrenta así el desafío de mantener la estabilidad fiscal mientras busca impulsar la recuperación económica y enfrenta las demandas sociales y económicas de la población. La manera en que aborde estos desafíos será crucial para el futuro económico del país.
Fuente: Clarín
