Cuando los votos pesan más que las palabras: La incoherencia de los diputados que blindaron el veto de Milei
La reciente votación en la Cámara de Diputados, donde el presidente Javier Milei logró blindar su veto a la Ley de Financiamiento Universitario, expuso las contradicciones y prioridades de los legisladores que apoyaron la medida. En particular, los diputados Carlos Zapata, María Emilia Orozco y Julio Moreno, quienes no solo avalaron un ajuste sobre la educación pública, sino que lo hicieron desoyendo sus propios discursos previos de apoyo a la educación como derecho fundamental. Esta decisión, más que un simple alineamiento político, refleja una peligrosa tendencia de la clase política argentina: decir una cosa y hacer exactamente lo contrario cuando se trata de poner el voto sobre la mesa.
Durante la campaña electoral y en reiteradas declaraciones, Zapata, Orozco y Moreno no perdieron oportunidad para destacar la importancia de la educación pública como motor de desarrollo social y como un derecho que el Estado debe proteger. Hablaron de “igualdad de oportunidades” y de cómo la universidad pública garantiza que miles de jóvenes puedan acceder a una formación de calidad sin importar su situación económica. Sin embargo, a la hora de votar, ese discurso se desvaneció. ¿Qué cambió? ¿Por qué decidieron apoyar un veto que recorta el financiamiento y, por ende, limita las posibilidades de las universidades públicas para cumplir con su rol?
La justificación oficial giró en torno a un argumento ya conocido: el “equilibrio fiscal”. Defienden la idea de que el costo de la ley —equivalente al 0,14% del PBI— podría desestabilizar las finanzas públicas y comprometer el ajuste económico propuesto por el gobierno de Milei. Pero esta cifra, en el contexto de un presupuesto nacional, no es más que un pequeño margen que difícilmente ponga en jaque las cuentas del Estado. Al sostener este razonamiento, los diputados no solo sobredimensionan el impacto financiero, sino que también ignoran las consecuencias que este veto tendrá para el sistema educativo y, en última instancia, para la sociedad en su conjunto.
El verdadero costo de su decisión no es económico, sino simbólico. Con este voto, Zapata, Orozco y Moreno han dejado en claro qué tipo de país imaginan: uno donde la educación no se considera una inversión, sino un gasto. Uno donde el ajuste recae siempre sobre los mismos sectores vulnerables, mientras que se mantienen intocables otras partidas mucho más cuestionables. En definitiva, un país donde la educación pública es una moneda de cambio en la batalla por la “austeridad”, sin importar que detrás de cada recorte haya miles de estudiantes que ven truncadas sus posibilidades de progresar.
Es aquí donde emerge la gran contradicción. Los tres diputados se formaron en el sistema de educación pública y gratuita que ahora deciden recortar. Si pudieron llegar a ocupar sus bancas en el Congreso, fue precisamente porque alguna vez tuvieron acceso a una universidad que no les exigió un cheque para sentarse en el aula. Esa misma universidad, que funcionó gracias al financiamiento estatal, es la que hoy deciden atacar bajo la excusa del “déficit fiscal”. Esta amnesia selectiva no solo es una traición a sus propias historias, sino que también envía un mensaje claro a los jóvenes: “Suban la escalera, pero no esperen que se la sostengamos”.
Lo que resulta más preocupante es la falta de coherencia y responsabilidad con el cargo que ostentan. Zapata, Orozco y Moreno no representan solo a los sectores que votaron por ellos, sino a todos los ciudadanos de sus provincias que creen en la educación pública como un pilar de la democracia y la igualdad de oportunidades. Al apoyar el veto, no solo traicionan a los votantes que confiaron en sus promesas, sino que también minan la credibilidad de las instituciones que juraron defender.
Podrían haber votado en contra del veto, reafirmando así su compromiso con la educación. Podrían haber defendido la ley argumentando que la educación no es un área donde se puede recortar sin pagar un alto costo social. Pero no lo hicieron. Y al no hacerlo, eligieron colocarse del lado del ajuste ciego y del discurso tecnocrático que ve en cada gasto educativo un “déficit” en lugar de una inversión a futuro.
Algunos podrían argumentar que se trata simplemente de disciplina partidaria, que Zapata, Orozco y Moreno votaron alineados con el gobierno de Milei porque así funciona la lógica de bloques. Pero este argumento es débil frente a la magnitud de lo que está en juego. No se trata de una simple partida presupuestaria; se trata de una decisión que afecta directamente a miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios. Una decisión que, a largo plazo, debilita a una de las pocas instituciones que todavía permiten a los jóvenes soñar con un futuro mejor.
El resultado de esta votación va más allá de la coyuntura actual. Sienta un precedente peligroso. Si se permite que el argumento del “equilibrio fiscal” prevalezca sobre el derecho a una educación pública y de calidad, ¿qué viene después? ¿La salud pública? ¿Los subsidios al transporte? ¿El sistema previsional? Esta es la primera batalla de una guerra más amplia donde los derechos sociales están en juego.
Zapata, Orozco y Moreno han demostrado que, cuando la política y el ajuste se cruzan, los discursos quedan relegados a un segundo plano y la lealtad a las directrices partidarias pesa más que el compromiso con los derechos de los ciudadanos. Han elegido proteger un proyecto de austeridad en lugar de defender la educación pública que alguna vez les abrió las puertas. Y eso, en definitiva, es la mayor de las incoherencias.
¿Podrán mirar a los ojos a los estudiantes de sus provincias y decirles que votaron en favor de un futuro mejor? Porque hasta ahora, lo que han demostrado es que para ellos, las palabras bonitas y las promesas electorales valen menos que un simple voto de “disciplina” en el Congreso. Y eso, lamentablemente, deja en claro cuáles son sus verdaderas prioridades.
