La peligrosa estrategia de desfinanciar la educación pública universitaria
El veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario no es simplemente un acto administrativo más; es una declaración de guerra contra la universidad pública y laica, un pilar fundamental del progreso social en Argentina. Con esta decisión, el gobierno ha dejado claro que no considera a la educación superior pública como una prioridad, sino como un gasto a reducir, desconociendo su rol como motor de movilidad social, desarrollo científico y equidad en el país.
Desfinanciar las universidades públicas no es una cuestión meramente económica. Es una decisión profundamente ideológica que desmantela uno de los mayores logros del sistema educativo argentino: el acceso gratuito a una formación de calidad para todos, sin importar su origen social. En una nación donde millones de jóvenes dependen de la universidad pública para forjar un futuro mejor, este veto equivale a un golpe devastador para sus esperanzas.
El argumento de Milei, centrado en la reducción del gasto público, suena vacío cuando se observa el impacto real que este desfinanciamiento puede tener. No se trata solo de edificios sin mantenimiento o laboratorios desactualizados; estamos hablando de limitar el acceso a una educación superior digna para miles de estudiantes, precarizando las condiciones de los docentes y alejando a la Argentina de cualquier proyecto de país que apueste por el conocimiento como motor de desarrollo.
Las universidades no son un lujo, son una necesidad. Y no solo para aquellos que estudian allí, sino para toda la sociedad. Son los espacios donde se forman médicos, ingenieros, docentes, científicos y profesionales que luego contribuyen al bienestar general. Al reducir los fondos destinados a estas instituciones, Milei no solo compromete el presente, sino también el futuro del país. Un país sin educación es un país sin posibilidad de progreso, condenado a la dependencia de aquellos que sí apuestan por el conocimiento.
Además, el desprecio por la universidad pública pone en jaque a la ciencia y la investigación, áreas históricamente subestimadas en Argentina. En tiempos de crisis global, con desafíos ambientales, tecnológicos y sociales, la ciencia se ha convertido en una herramienta indispensable para la construcción de sociedades más justas y sostenibles. Pero sin financiamiento, los avances científicos y tecnológicos se estancan, dejando al país rezagado en la competencia internacional.
La postura del gobierno refleja un profundo desconocimiento de la realidad argentina. Milei se equivoca al ver la universidad pública como un gasto y no como una inversión. Países que apuestan por la educación, como Finlandia o Corea del Sur, son ejemplos claros de cómo el financiamiento educativo puede transformar una nación. Desfinanciar la universidad pública es empobrecer el futuro, no ahorrar.
En este contexto, es urgente que la sociedad argentina reaccione y defienda sus universidades. No se trata solo de una batalla por el presupuesto, sino de una lucha por el derecho a la educación y por el tipo de país que queremos ser. Las universidades públicas han sido, son y deben seguir siendo el espacio donde cualquier joven, sin importar su origen o condición económica, pueda soñar con un futuro mejor.
Si Milei realmente quiere construir un país próspero, debe entender que la educación es el camino. Desfinanciarla solo nos llevará a un retroceso histórico, condenando a miles de jóvenes a la exclusión y comprometiendo nuestro desarrollo como nación.
