El gobernador Gustavo Sáenz volvió a reclamar soluciones estructurales para el suministro de gas en el norte argentino y cuestionó que la problemática continúe repitiéndose cada invierno.

El mandatario remarcó que la falta de certezas afecta a familias, comercios e industrias de la región y recordó el rol histórico de Salta en la matriz energética nacional.

“Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país”, expresó.

En ese contexto, Sáenz sostuvo que el norte necesita previsibilidad, inversiones y respuestas definitivas para evitar restricciones en el abastecimiento cuando bajan las temperaturas.

“No podemos seguir siendo argentinos de segunda”, afirmó el gobernador, al tiempo que aseguró que continuará gestionando ante Nación para defender los intereses de la provincia y garantizar igualdad de oportunidades para la región.

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Según trascendió, el ex presidente no consultó previamente ni a gobernadores, ni a referentes parlamentarios, ni a la mesa ejecutiva partidaria antes de publicar el documento, que comenzó a circular en medio del fuerte impacto político generado por el caso de Manuel Adorni.

El texto, difundido desde las cuentas oficiales del PRO, plantea cuestionamientos al rumbo político del oficialismo y advierte sobre “los que frenan el cambio desde adentro”, en una frase que fue interpretada como una crítica directa al entorno libertario.

La decisión profundizó las diferencias internas dentro del PRO respecto a la relación con La Libertad Avanza. Mientras algunos dirigentes sostienen la necesidad de mantener el respaldo al gobierno nacional, otros consideran que el partido debe recuperar autonomía política y marcar límites frente a determinadas decisiones del oficialismo.

El movimiento de Macri volvió a exponer las tensiones entre ambos espacios en un momento sensible para la administración nacional, atravesada por cuestionamientos políticos y una creciente discusión interna sobre el rumbo de la alianza entre libertarios y dirigentes del PRO.

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El apoyo se ha manifestado en dos frentes: el mediático y el simbólico. Emilia Orozco, en una entrevista, defendió la integridad de Adorni y sostuvo que el funcionario es víctima de una lupa mediática que no se aplicaba antes. Su defensa no solo intentó proteger al individuo, sino preservar la narrativa de «superioridad moral» que el gobierno intenta proyectar.

Desde otra perspectiva, el abrazo captado en la Cámara de Diputados entre Carlos Zapata y Adorni simboliza algo más que una amistad personal; representa un compromiso político total. Zapata, ha dejado claro que su respaldo no tiene fisuras. Esta actitud refuerza la idea de un bloque compacto que no está dispuesto a entregar piezas clave ante la presión de la prensa o la oposición.

Sin embargo, este «cheque en blanco» que los legisladores olmedistas extienden al Jefe de Gabinete plantea interrogantes sobre el rol de control que debería ejercer el Congreso.

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En un contexto marcado por la reducción de recursos y la presión sobre las finanzas locales, el Foro de Intendentes de Salta reunió a jefes comunales de toda la provincia para analizar la situación actual y buscar canales de gestión ante Nación.

Sin embargo, la convocatoria dejó una imagen que rápidamente generó repercusiones: la ausencia de los legisladores nacionales de La Libertad Avanza, lo que fue interpretado por varios intendentes como un gesto de distanciamiento frente a las problemáticas del interior.

Un encuentro marcado por ausencias

El Foro había extendido una invitación formal a todos los representantes salteños en el Congreso. Mientras algunos legisladores participaron del espacio de diálogo, otros no asistieron, lo que derivó en cuestionamientos durante la jornada.

La reunión fue encabezada por el presidente del Foro, Marcelo Moisés, y contó con la participación de otros referentes que intercambiaron opiniones con los intendentes sobre la situación provincial.

Reclamos desde los municipios

Durante el encuentro, los jefes comunales expusieron la situación que atraviesan los municipios, vinculada a la caída de fondos, la paralización de obras públicas y el aumento de costos operativos.

En ese marco, plantearon la necesidad de contar con una mayor articulación con los representantes nacionales para canalizar los reclamos en el Congreso.

Un llamado al diálogo institucional

Intendentes de distintos puntos de la provincia coincidieron en la importancia de fortalecer los espacios de diálogo y de trabajo conjunto, más allá de las pertenencias partidarias.

Además, remarcaron el rol de los municipios como primera línea de respuesta ante las demandas sociales, en un contexto económico complejo.

Un escenario que abre debate

La situación volvió a poner en discusión la relación entre los municipios y sus representantes en el Congreso, así como el rol de los legisladores en la defensa de los intereses provinciales.

En un escenario donde las tensiones por los recursos comienzan a escalar, el planteo de los intendentes marca la necesidad de construir consensos y canales de gestión que permitan dar respuestas a nivel territorial.

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La diputada nacional por Salta, María Gabriela Flores, quedó en el centro de la polémica luego de reconocer públicamente que utilizó pasajes oficiales del Congreso para costear viajes de su hijo.

El caso tomó repercusión tras la difusión de una imagen en la que se la observa junto a su hijo abordando un avión. A partir de ello, la legisladora admitió la situación y defendió su accionar.

“En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso; esto no es un delito”, expresó en declaraciones radiales.

Según explicó, su hijo estudia Abogacía en Buenos Aires y realiza viajes frecuentes entre la capital y Salta. “Va y viene, y también le he dado pasajes para otras cosas”, sostuvo.

Repercusiones y debate

Las declaraciones generaron fuerte debate en redes sociales y en el ámbito político, donde se discute el uso de recursos públicos por parte de funcionarios.

El régimen de pasajes del Congreso ha sido históricamente objeto de cuestionamientos, especialmente en relación a su utilización y los criterios de asignación.

Hasta el momento, no se informó sobre la apertura de actuaciones administrativas o judiciales vinculadas al caso.

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se posicionó entre los dirigentes provinciales con mejor imagen del país, al ubicarse en el tercer puesto del ranking nacional de gobernadores correspondiente a abril de 2026.

Según el informe elaborado por la consultora CB Global Data, Sáenz alcanzó un 55,1% de imagen positiva, quedando solo por detrás de Hugo Passalacqua (Misiones) y Claudio Poggi (San Luis), quienes lideran el listado.

El estudio, realizado entre el 1 y el 4 de abril con más de 24.000 casos en todo el país, ubica al mandatario salteño dentro del grupo de los ocho gobernadores mejor valorados a nivel federal.

Evaluación en Salta

En el desglose provincial, el informe muestra que el 26,9% de los consultados calificó la gestión de Sáenz como “muy buena”, mientras que un 28,2% la consideró “buena”, lo que consolida su base de apoyo.

En tanto, el 42,1% expresó una imagen negativa y el 2,8% no emitió opinión.

Crecimiento y posicionamiento

El relevamiento también señala una mejora en la imagen del gobernador respecto a mediciones anteriores, lo que refleja una tendencia de crecimiento en su valoración pública.

Este posicionamiento se da en un contexto complejo a nivel nacional, donde los gobernadores han ganado protagonismo en la agenda política y económica, especialmente en la defensa de los intereses provinciales.

Escenario nacional

El ranking es encabezado por Hugo Passalacqua con el 55,8% de imagen positiva, seguido por Claudio Poggi con el 55,3%. En tanto, en los últimos lugares del listado se ubican Ricardo Quintela (La Rioja), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Axel Kicillof (Buenos Aires).

De esta manera, Sáenz se consolida como uno de los gobernadores con mejor posicionamiento del interior del país, en un escenario donde el rol de las provincias cobra cada vez mayor relevancia.

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El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó fuertes definiciones sobre el escenario político nacional y el presente del peronismo, al cuestionar la conducción actual del Partido Justicialista y plantear la necesidad de una renovación con posiciones más moderadas.

“El peronismo tiene que ser de centro, ahora parece el Partido Obrero”, sostuvo, en una crítica directa al rumbo ideológico del espacio.

Críticas a la conducción del PJ

Sáenz cuestionó el funcionamiento interno del partido y señaló que se ha vuelto una estructura cerrada, con intentos de disciplinamiento hacia dirigentes que no se alinean con la conducción nacional.

En ese sentido, planteó la necesidad de abrir el debate interno y permitir una renovación real:

“El partido se ha convertido en una Pyme familiar. Tiene que dejar de ser sectario y dar lugar a nuevas ideas”.

Equilibrio fiscal vs. realidad social

En el plano económico, el mandatario salteño sostuvo que, si bien el orden macroeconómico es importante, no alcanza para resolver la situación cotidiana.

“La macro funciona, pero la micro está mal. Con equilibrio fiscal solo no se come, no se educa”, afirmó.

Además, advirtió sobre el impacto del ajuste en las provincias y remarcó que los gobernadores enfrentan una realidad compleja por la caída de recursos y la disminución de la actividad económica.

Gobernabilidad y diálogo con Nación

Sáenz también destacó el rol de los gobernadores en la estabilidad institucional del país, al señalar que acompañaron al Gobierno nacional para garantizar gobernabilidad.

“Pensamos en la Argentina antes que en cualquier diferencia”, expresó.

No obstante, insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional contemple las realidades del interior y escuche las demandas provinciales.

Un llamado al centro y al consenso

El gobernador planteó la necesidad de salir de los extremos ideológicos y construir una política basada en acuerdos.

“Pasamos de un extremo al otro. Necesitamos previsibilidad y reglas claras”, indicó.

En ese sentido, insistió en que el país debe avanzar hacia un modelo que combine equilibrio económico con equilibrio social.

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Un nuevo acuerdo salarial en el Congreso de la Nación provocará un incremento en las dietas de los senadores nacionales, que pasarán a cobrar más de $11 millones mensuales. La actualización surge a partir de la paritaria firmada para los trabajadores legislativos, que contempla una suba acumulada cercana al 9,4% entre diciembre y mayo.

El sistema de remuneraciones del Senado establece que los legisladores cobran su salario en base a módulos salariales utilizados también para los empleados del Congreso, por lo que cualquier aumento en ese esquema impacta automáticamente en la dieta de los senadores.

Actualmente, los senadores perciben alrededor de $10,2 millones brutos, pero con la actualización de los módulos el ingreso treparía a aproximadamente $11,6 millones mensuales.

El sueldo se compone de 2.500 módulos correspondientes a la dieta, más adicionales por gastos de representación y desarraigo, que en total suman cerca de 4.000 módulos.

Diferencias con los diputados

El esquema salarial en la Cámara de Diputados es diferente. Allí las dietas no están atadas a las paritarias del personal legislativo, por lo que los ingresos de los diputados nacionales son menores en comparación con los senadores.

Según estimaciones del propio Congreso, los diputados perciben alrededor de $6 millones brutos, más un adicional por gastos de representación, lo que genera una diferencia importante entre ambas cámaras.

Un tema que vuelve al centro del debate

Cada actualización salarial en el Congreso suele generar debate público sobre los ingresos de los legisladores y el funcionamiento del sistema de módulos que determina sus dietas.

El nuevo incremento vuelve a poner el foco en cómo se fijan los salarios dentro del Poder Legislativo y en la relación entre las paritarias del personal y las remuneraciones de los representantes políticos.

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La investigación judicial por el presunto desvío de mercadería de los galpones municipales durante la gestión de la exintendenta Bettina Romero sumó este viernes un nuevo capítulo con la imputación del exsecretario de Ambiente y Servicios Públicos, Aroldo Tonini.

El exfuncionario fue imputado por el delito de fraude a la administración pública, una figura penal que contempla penas de entre 2 y 6 años de prisión.

La audiencia de imputación se realizó este viernes por la mañana ante la fiscal Eugenia Guzmán y se extendió aproximadamente entre las 8 y las 10 horas. Según trascendió, Tonini decidió no prestar declaración durante la audiencia y asistió sin abogado particular, por lo que se le asignó un defensor oficial.

Una causa que se originó tras auditorías

La investigación comenzó luego de auditorías realizadas por la actual gestión municipal, que detectaron un importante faltante de mercadería e insumos almacenados en los depósitos ubicados en el Parque Industrial de la ciudad de Salta.

Estos productos estaban destinados a programas de asistencia social, lo que motivó la denuncia que dio inicio a la causa judicial.

A partir de ese momento, la fiscalía avanzó con allanamientos y secuestro de distintos elementos que, según la investigación, habrían salido de los galpones municipales.

Otros exfuncionarios involucrados

El expediente ya contaba con la imputación de otros exfuncionarios vinculados a la gestión anterior.

Entre ellos se encuentran:

Emilio Fayón, primo de Bettina Romero y expresidente de la Panadería Social.

Andrés Nux, exfuncionario municipal

Silvia Varg de Nioi, exsecretaria de Desarrollo Humano

En el caso de Fayón, la imputación se produjo luego de un allanamiento en su domicilio, donde se secuestraron materiales e insumos que debían ser destinados a asistencia social.

La investigación continúa

La fiscalía busca determinar si existió un esquema de sustracción o desvío de mercadería durante los últimos días de la gestión anterior y cuál fue el grado de participación de cada uno de los exfuncionarios investigados.

La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en el marco del expediente.

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La interna dentro del Gobierno nacional quedó expuesta públicamente luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel rechazara los pedidos de renuncia impulsados por sectores vinculados al oficialismo.

El conflicto se desató tras la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso, donde comenzaron a circular cuestionamientos internos hacia la titular del Senado. Desde algunos sectores de La Libertad Avanza se deslizaron críticas políticas que rápidamente escalaron en redes sociales.

La respuesta de Villarruel fue directa y sin matices: “Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar”, expresó, dejando en claro que no tiene intención de abandonar el cargo.

El cruce dejó al descubierto tensiones dentro del propio espacio gobernante, en un momento en que el Ejecutivo necesita cohesión política para sostener su agenda legislativa y económica.

Analistas nacionales interpretan que el episodio refleja una disputa de poder interna, donde se mezclan diferencias estratégicas, liderazgo y posicionamiento dentro del oficialismo. Si bien no hay ruptura formal, el conflicto marca un punto de inflexión en la dinámica interna del Gobierno.

En términos institucionales, la vicepresidenta cumple un rol clave como presidenta del Senado, pieza fundamental para el tratamiento de leyes y negociaciones políticas. Una eventual fractura en la conducción podría impactar en la gobernabilidad parlamentaria.

Más allá de los cruces personales, el episodio abre interrogantes:

¿Se trata de una discusión coyuntural o del inicio de una reconfiguración política dentro del oficialismo?

La tensión quedó instalada y el escenario político nacional suma un nuevo foco de conflicto.

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