Tras el escándalo que se destapó en Embarcación en abril, por las estafas que sufrieron familias vulnerables con el ingreso familiar de emergencia (IFE), se acreditaron en las últimas semanas serias irregularidades con las tarjetas del salario social complementario.
En los próximos días, el fiscal federal Eduardo Villalba ampliaría las imputaciones contra el presidente del Club Central Norte de esa localidad, Jorge René Moya; su esposa, Maira Pabloff; el secretario de la entidad deportiva, Jesús Horacio Tarqui, y otros implicados con cargos por fraude a la administración pública.
Distintas medidas de prueba y testimoniales dan cuenta de una considerable cantidad de familias engañadas, extorsionadas y humilladas en uno de los municipios con peores indicadores de pobreza, desocupación y necesidades básicas insatisfechas.
Las apropiaciones de fondos públicos, por las que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se presentó como querellante en la causa, cayeron como un baldazo de agua fría en el seno de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Esta organización, que tiene como principal referente a Juan Grabois, cumple un rol de intermediación en la entrega del salario social complementario de $8.500 y canalizó muchas de las acciones, obras y propuestas ocupacionales que hoy se ven deslucidas por las estafas y defraudaciones subyacentes.
Los giros que tomó el caso federal, sin embargo, no vienen solamente con más disgustos para el fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El Ministerio Público de la Nación advirtió connivencias de la Policía con el principal encartado, un reprochable desempeño de la Fiscalía del lugar y complicidades de algunos agentes de los bancos Nación y Macro en bajas arbitrarias de tarjetas y retiros de fardos de dinero.
El caso se originó en una presentación que la Administración Nacional de la Seguridad Social hizo el 30 de marzo último ante el Juzgado Federal N´ 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El organismo denunció que los acusados cobraban a beneficiarios del IFE una suerte de canon con el que se adueñaban de parte del bono gratuito, de $10.000, que el Gobierno nacional estableció para asistir a los grupos más necesitados en medio de la cuarentena social dispuesta ante el avance del COVID-19.
Apropiación de datos
Los imputados solicitaban a los beneficiarios sus datos personales para ingresarlos en la página de la Anses. Con esa modalidad, a los damnificados que se resistían a entregarles parte de sus beneficios por los trámites realizados, se los amenazaba con darlos de baja.
La maniobra fraudulenta se llevaba a cabo en la sede del club deportivo, localizada en la esquina de 20 de Febrero y Entre Ríos, en detrimento principalmente de grupos originarios y familias carenciadas de la zona. Aún se desconoce la cantidad precisa de afectados, pero se los estima en cientos.
Solo en Misión Chaqueña y Carboncito, Moya y Tarqui gestionaron más de 80 bonos de emergencia de $10.000 para familias indígenas inscriptas por punteros del citado club y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).
Fuente: El Tribuno
