La Municipalidad de la Ciudad de Salta, adeuda a proveedores pagos de más de 5 meses de antigüedad. Desde la comuna, cuya cabeza es la intendenta Bettina Romero la deuda millonaria, pero devaluada por la inflación y la disparada del dólar de diciembre a esta parte, se sostiene sin mayores sobresaltos ante una gestión que incluso prepandemia se encontraba prácticamente paralizada.
Con argucias como lo fue la creación del Programa para la evaluación y determinación de las supuestas deudas generadas con anterioridad al día 10 de diciembre del 2019, dentro del ámbito de la Coordinación Jurídica y Legal que tiene a cargo Daniel Nallar, como ya lo diera a conocer oportunamente Salta a la Vista, sólo se consiguió la dilación de la responsabilidad de la comuna ante sus numerosos acreedores.
Tan es así, que hasta la fecha, el supuesto programa “armado” a través del Decreto N° 0022 del 24 de enero de 2020, con el fin de revisar aquellos cobros sobre los cuales “la inexistencia de documentación o constancias suficientes” hayan puesto en duda “la legitimidad de las deudas referidas”, nunca avanzó, incluso porque el mismo Nallar tomó vacaciones a semanas de haber asumido en su nueva función.
Tampoco hubo ningún tipo de respuestas en el plazo de 60 días como se fijó en el citado decreto, cuando supuestamente debía existir a fines de marzo un dictamen al respecto, pero sí se logró el máximo cometido del mismo –quizás el único hasta esta parte- de su Artículo 6°, suspendiendo hasta ahora el pago de las deudas pendientes.
De este modo, la Municipalidad de Salta, cuya dinámica en el cumplimiento de sus compromisos se había aceitado en los últimos años, diferenciándose así de los retrasos habituales en la gestión de Miguel Isa, volvió a convertirse en una de las comunas de mayor morosidad, con una estructura paralizada a la que la llegada de la pandemia puede haberle sido funcional en este sentido para seguir retrasando el cumplimiento de los mismos, cuya cifra es millonaria.
Pero eso no es todo, arbitrariamente el Artículo 7° del mentado Programa deja constancia de que una vez “determinada la procedencia del pago, la Comisión deberá hacer una propuesta de quita y pago en cuotas”, con lo cual las deudas que deberían haberse abonado a partir del 10 de diciembre podrían dilatarse aún más de ser aprobadas, con mermas y según la metodología que desee implementar a su arbitrio el Ejecutivo Municipal.
A todas estas irregularidades, deben sumarse además el sinfin de conflictos y de otros compromisos impagos que transita la gestión liderada por la abogada del PRO, incluso con despidos que se contraponen a la normativa nacional en medio de la cuarentena.
Sin embargo, esta situación tampoco debería extrañar a nuestros lectores, ya que Bettina Romero goza del blindaje mediático y económico que el grupo Horizontes S.A. con las empresas familiares de diario El Tribuno y AM 840 sostienen, habiendo sido ambos bastiones de su campaña y de su llegada al poder.
