Discapacidad: Exigen que el Estado garantice todas las prestaciones

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La diputada nacional por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá presentó un proyecto para garantizar el pago de la totalidad de las prestaciones contempladas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, mientras dure la cuarentena.

Del mismo modo, la Legisladora solicitó la continuidad del “acompañamiento terapéutico de todos los tratamientos aprobados en 2020; la aprobación inmediata de todas las prestaciones que ya fueron presentadas con su plan de tratamiento y de presupuesto durante el año 2020; y el pago urgente de todos los planes y presupuestos que se adeudan del año 2019 y 2020”.

Del Plá consideró que se está realizando un ajuste en un área tan sensible aprovechando una situación inédita como la de la pandemia.

“Las resoluciones de la Superintendencia de Salud que habilitan recorte de prestaciones y no pago de salarios son un golpe para los trabajadores, y ponen seriamente en riesgo la continuidad de los tratamientos que prestan profesionales de la salud de diversas disciplinas, así como el servicio que prestan los transportistas, que trasladan desde alimentos hasta materiales educativos, a quienes se les quiere dejar de pagar el salario. Estamos en presencia de una ofensiva gravísima contra los derechos de las personas con discapacidad. Las obras sociales y prepagas siguen cobrando la totalidad de los aportes y contribuciones a sus afiliados. No hay ningún motivo para que dejen de pagar lo que corresponde a miles de prestadores precarizados, que ya vienen siendo castigados por el sistema, cobrando sus salarios diferidos, en el mejor de los casos con 60 días de retraso, y haciendo frente a los tributos que se les exigen mensualmente, como el monotributo, seguro de mala praxis, de accidentes personales, colegios profesionales e incluso cajas profesionales”. manifestó en declaraciones al medio partidario Prensa Obrera.

“Junto con los trabajadores de la Asociación de Profesionales en Lucha (APEL Prestadores), con quienes elaboramos este proyecto, reclamamos la urgente marcha atrás de esta política de desguace del área de discapacidad, que atenta gravemente contra los derechos de los trabajadores y personas en tratamiento”.

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