Ante la pandemia piden que funcionen los tres Poderes

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“La grave crisis por la que atraviesa el mundo y, naturalmente, repercute en nuestra Provincia, reclama el funcionamiento intenso de los tres Poderes del Estado”, señaló a través de un comunicado el Foro de la Observación Institucional de Salta.

“Si bien existen medidas que han de tomarse de modo urgente, la necesaria vigencia del Estado Democrático de Derecho y la ciudadanía reclaman que la Legislatura Provincial y la Corte de Justicia de Salta y los tribunales inferiores salgan de la actual parálisis”, sentenciaron.

En esa misma línea, los distintos  profesionales nucleados en el Foro resaltaron que comprenden que el funcionamiento de las instituciones haya de amoldarse a la emergencia y que las autoridades hayan de tomar los recaudos de prevención para la salud de todos quienes ponen en marcha esos poderes, pero que rechazan que bajo el pretexto de la pandemia, “se cierre la Legislatura o los tribunales dejen de administrar justicia.”

“La policía no puede asumir funciones jurisdiccionales
Desde el FOCIS pedimos la derogación de las normas provinciales, recientemente aprobadas por el Poder Ejecutivo, que facultan al Jefe de Policía a arrestar y castigar a ciudadanos y a decomisar vehículos .En esos textos apreciamos graves violaciones a normas constitucionales y principios republicanos, además de preocupantes deficiencias técnicas impropias de un Estado Democrático de Derecho. Consideramos que el Poder Ejecutivo Provincial no está habilitado para dictar Decretos de Necesidad y Urgencia en materia penal ni correccional.
Por otra parte, la idea de habilitar al Jefe de Policía como autoridad con capacidad para aplicar multas y arrestos, importa un claro retroceso institucional, más allá de la invocación a una situación creada por la negligencia del Estado provincial que lleva casi 20 años sin poner en marcha los Juzgados Contravencionales. Con el agravante de que la auto instituida “autoridad de aplicación” puede resolver por sí y ante sí “convocar a otras fuerzas de seguridad” para que intervengan en la constatación de faltas (que, en realidad, son delitos).
Sostenemos que el DNU y su Reglamento hurtan a los Jueces de la Constitución la facultad de investigar, comprobar y castigar a quienes cometan el delito del artículo 205 del Código Penal de la Nación”, agregaron.

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