Lejos de la imagen emblemática de que Salta tenga por primera vez una mujer intendenta son reiteradas las quejas de propios y ajenos, sobre la gestión de Bettina Romero a poco menos de dos meses de asumida. Esta vez, la mandataria municipal sumó mayor descontento al pretender deslindar responsabilidades del municipio sobre gastos acontecidos en la gestión de Gustavo Sáenz que aún continúan impagos. Los mismos obedecen en su mayoría a operaciones acaecidas en el mes de noviembre, ya que el cambio de gestión se dió el 10 de diciembre, día en el que la hija del ex gobernador asumiera en su rol, mientras Gustavo Sáenz ocupara el lugar que Juan Manuel Urtubey tuvo durante 12 años.
Es así, como la ex diputada creó el Programa para la Evaluación y determinación de las deudas tomadas por el municipio Capital anteriores a diciembre, que se encargará de evaluar y dictaminar en el plazo de 60 días si se abonarán o no las mismas. De este modo, Bettina, contrariamente a la actitud del gobernador no sólo puede desconocer y evitar el cumplimiento de los compromisos asumidos con la comuna sino que además pone en duda la gestión de quien la apuntalara para hacerla llegar al lugar que ocupa actualmente.
También cabe preguntarse si esto termina de marcar la verdadera grieta formada entre dos aliados meramente electoralistas, y deja en claro que mientras la sucesión de Urtubey se da en el marco del cumplimiento de todos los compromisos previos económicos asumidos por la Provincia, en una actitud confrontativa y sin argumentos reales, Bettina pretende desconocer los gastos del último mes de gestión de Sáenz, con el consecuente perjuicio y la judicialización que pudieran impulsar los proveedores damnificados ante tal medida, que ya llevan casi dos meses de retraso en el cobro por la prestación de servicios o la venta de insumos, entre otros.
Otra cuestión a plantearse es cuanto de genuina tuvo la alianza antes mencionada, conociendo el poderío económico de Juan Carlos Romero y la gran presión mediática que el grupo Horizonte con diario El Tribuno y AM 840 a la cabeza pueden haber ejercido en tal sentido, y hasta qué punto esta medida de la nobel política no implica una suerte de auditoría sobre su antecesor y un cuestionamiento a la legalidad de esas operaciones.
También deberíamos interrogarnos sobre el uso de esa cifra millonaria en estos meses, y los intereses que podría otorgarle un plazo fijo.
