Después de que en una masiva asamblea el 27 de Abril, los afiliados de ADP votaran la expulsión de Patricia Argañaráz, ex secretaria general, las maniobras de la comisióm directiva para quedarse al frente del gremio desde el mismo sector es cada vez más evidente.
Se conoció la semana pasada que a través del fallo de un juez amigo y del propio Ministerio de Trabajo de Nación se busca dar por nula la asamblea que la expulsó y la propia justicia salteña no avanza ni un centímetro en investigarla ni a ella, ni a la comisión directiva que preside la ex tesorera Marita Cerezo, cómplice de toda la corrupción y denunciada por el ex contador del gremio Raúl Argañaráz, hermano de Patricia y ahora un socio “arrepentido”.
Este último, es un testigo clave que afirma tener información y pruebas relevantes para comprobar sus denuncias. Pero que no es convocado por la justicia a pesar de sus denuncias y las que hicimos desde Tribuna Docente. Una prueba enorme de que la justicia que sirve al gobierno provincial de Urtubey, están jugados a sostener a ambas partes. Ahora de la mano del ministerio de trabajo de la naciòn, PA intenta volver usurpando la sede de ADP Orán.
Está claro que para poder seguir acordando salarios de pobreza, reforma educativa y jubilatoria, el gobierno necesita mantener a la docencia ‘bajo control’ de la burocracia sindical corrupta. Todos los posibles relevos de Macri tienen el mismo programa bajo el brazo y para el gobierno local y nacional, es fundamental tener a la burocracia al frente de los sindicatos.
En este cuadro es cuándo se vuelve más imperioso que nunca recuperar el sindicato y evitar la intervención del gobierno cómplice y sostén de la corrupción. Es la misma lucha por la recuperación de la junta calificadora, como impulsamos dentro del frente de Docentes Unidos de Salta en la lista Multicolor, por organismos bajo control de los docentes e independientes del gobierno y la burocracia sindical totalmente descompuesta.
TRIBUNA DOCENTE