Mujeres de la Materia Latinoamericana exigen una Ley de Emergencia Nacional en Violencia de Género. El principal motivo, la máxima expresión de la violencia hacia las mujeres, expresada en las 259 víctimas de Femicidios en la Argentina en 2018, y las 9 que ya se cuentan en los primeros 17 días de 2019.
Desde ese espacio se mencionó el dolor y la bronca por cada una de las víctimas y sus familias exigiendo respuestas urgentes, efectivas del Estado, que observando los presupuestos destinados a abordar las violencias machistas, se evidencia despreocupado por la tremenda situación que nos atraviesa.
También han denunciado que el Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia hacia las mujeres, presentado en 2017, es un compendio de acciones no implementadas por el Gobierno Nacional, señalando que el Instituto Nacional de las Mujeres, responsable de monitorear y poner en marcha el mencionado Plan así como la Ley 26485, sufre recortes presupuestarios de manera permanente.
$11,36 son los destinados a cada mujer en el presupuesto 2019. Asimismo, se han debilitado órganos de articulación del Estado con las organizaciones de mujeres y ámbitos gubernamentales con las provincias, respectivamente, Consejo Consultivo Nacional y Consejo Federal de las Mujeres.
Dadas estas circunstancias, desde Mujeres de la Matria Latinoamericana exigen la declaración de la emergencia nacional desde Marzo 2019 a Marzo 2021, incorporando las siguientes propuestas, así como monitoreo de su implementación y evaluación de resultados:
-Aumento presupuestario para el abordaje de las violencias al INAM
-Definir que un 10 % del Presupuesto de cada Ministerio se destinen a políticas hacia la igualdad de oportunidades y derechos entre varones, mujeres e identidades disidentes. (PIOD).
-Monitoreo del plan de desarme de los integrantes de fuerzas de seguridad con antecedentes en violencia de género. Impulso de Protocolos provinciales en el mismo sentido.
-Aplicación urgente de dispositivos electrónicos para agresores sexuales y a agresores que incumplen medidas judiciales.
-Asignación para Víctimas de Violencia (AVV). Becas. Rentas para alquiler.
-Creación en el territorio nacional de juzgados y fiscalías especializadas en violencias de género.
-Implementación del Patrocinio Jurídico Gratuito.
-Aportes a las provincias para creación y fortalecimiento de Áreas de una Políticas de género. Así como en Organizaciones de la Sociedad Civil: sindicatos, vecinales, clubes, espacios culturales, etc.
-Incorporar la perspectiva de género en el registro estadístico nacional de seguridad, desarrollo social, trabajo, producción, hábitat, población, entre otros.
-Implementación federal del Programa de creación de casas de protección para mujeres en situación de violencia y riesgo de vida.
-Implementación real y efectiva de Educación Sexual Integral en los distintos niveles educativos.
-Creación de equipos interdisciplinarios de acompañamiento a víctimas de violencias en el territorio nacional.
-Urgente implementación de la “ley Micaela ” de formación obligatoria con perspectiva de género para efectores judiciales, de salud, educación y seguridad.
