La justicia salteña atraviesa uno de sus períodos más críticos luego de que fueran absueltos todos los acusados por el escándalo de reparto de terrenos en Parque La Vega. Lo que se vendió como una investigación eficiente contra el clientelismo político y el fraude culminó como una decepción y un duro golpe para el Ministerio Público Fiscal que, sistemáticamente, ha sido utilizado para complementar operaciones políticas, favoreciendo o comprometiendo a sectores o dirigentes políticos.
Un dato sugestivo de este último caso es el referido a las declaraciones de Diego Barreto, quien buscó intencionadamente comprometer al poder político en el discrecional reparto de beneficios que siempre se direccionó hacia los adictos. Apenas mencionó figuras del estamento superior como Sergio Usandivaras o Juan Pablo Rodríguez la causa entró en hermetismo para luego dictarse la absolución. Para algunos funcionó el apriete del dirigente kirchnerista y fue liberado.
Los casos resonantes de los últimos tiempos han dejado mal parado al Procurador General y sus fiscales inferiores. En el “Crimen de las Francesas” hasta el padre de una de las víctimas ha expresado su disconformidad con la condena de un inocente y la impresión ciudadana es compatible con la idea de que se plantaron pruebas y que los condenados no son los reales autores del hecho aberrante.
En la causa de Peñalva y Nuesch se pregonó prematuramente que se trataba de un suicidio y, años después, por imperio de pruebas obtenidas por uno de los padres de las adolescentes en EEUU se descartó esta hipótesis. Parece tarde para lograr la verdad luego de que se perdieran todos los elementos incriminatorios.
En las causas políticas el fracaso también se ha explicitado. La persecución que con vértigo se dirigió años atrás contra el senador Juan Carlos Romero, y que tuvo por emblema las tierras de La Ciénaga hoy no tiene correlato con condena sino con una nulidad de todo lo actuado. Por lo bajo se habla de acuerdos políticos que condicionan a una justicia local que obedece.
Por si esto no fuera suficiente, el año pasado algunos jueces obsecuentes que dicen estar nucleados en una asociación que solamente busca la trepada propia, ha planteado una acción de inconstitucionalidad tendiente a que los que integran la cúpula del Poder Judicial se conviertan en vitalicios. Antes de irse quieren asegurar que la Corte de Justicia que modelaron a gusto y placer con jueces de perfil dependiente se quede para siempre. La frustrada reforma constitucional que intentaron otros oficialistas perseguía lo mismo, aunque amplió la idea de impunidad involucrando a la Auditoría General de la Provincia que, a pesar de tantos fraudes contra la administración, no ha encontrado ningún corrupto hasta la fecha.
La impunidad y el estrépito mediático a instancias de telefonazos desde Grand Bourg no es lo único de esperar. Cuando llegue la campaña electoral que definirá quien tenga el poder a partir de 2019, seguramente, la justicia adicta tendrá un rol protagónico. Es allí donde algunos carpetazos maliciosos buscarán devaluar a postulantes que no tengan acuerdo con el oficialismo actual y podremos ver que hasta los inocentes padezcan la infamia.
Cuando el Intendente de Tartagal Sergio Leavy anunció el quiebre del Partido para la Victoria con el oficialismo fue hostilizado de inmediato con denuncias penales que todavía se encuentran abiertas. Acaso Gustavo Sáenz deberá padecer denuncias falsas cuando concrete su aspiración de ser el próximo gobernador?
Ante numerosas denuncias de corrupción que comprometieron en estos años a funcionarios de distintos niveles, pero afines, no se abrieron investigaciones sino que las enterraron. El cementerio tiene dirección específica puesto que en Santiago del Estero 611 se encuentra la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos. Como pregonó alguna vez Juan Gelman, bueno sería que los enterradores de expedientes cobraran el sueldo de los empleados municipales afectados al Cementerio de la Santa Cruz y no los jugosos emolumentos que pagamos todos por tanta deshonestidad intelectual.
