La deuda pública de la provincia constituye uno de los secretos mejor guardados por Urtubey y sus acólitos. Como todo gobierno en retirada y en crisis busca disimular los desaciertos y mantener la imagen de prolijidad hasta que culmine el mandato. Todos los compromisos millonarios que se han generado condicionarán al próximo mandatario.
El presupuesto que se aprobó esta semana no ha mencionado el monto al que asciende la deuda aunque algunos indicios permiten sostener que el próximo gobernador tendrá que esforzarse por conseguir recursos extras para pagar lo que se debe, aproximadamente u$s 1000 millones y para mejorar una infraestructura productiva e industrial cuyo crecimiento se detuvo hace más de diez años. Si algo está claro a estas alturas es que Urtubey no fue buen gestor y que solamente mostró apego a la rosca política.
Un aspecto de la deuda interna se concentra en la multiplicidad de juicios que maduran decisiones que repercutirán seriamente en la disponibilidad presupuestaria futura. Muchos de estos procesos judiciales tuvieron como detonante decisiones espasmódicas y arbitrarias del actual gobernador y que implicaron revocaciones intempestivas.
Esta torpe manera se aplicó con ENJASA, la empresa de juegos de azar que tenía concesionado gran parte del juego de la provincia y que hoy exige un resarcimiento de u$s 150 millones o su equivalente a 5.700 millones de pesos que se corresponden con el 7% del total del presupuesto que se aprobó para 2019.
La pretensión de Casinos Austria se desarrolla en el Centro Internacional de Arbitrajes (CIADI) y su demanda se dirige no solamente contra la Provincia de Salta sino también contra la República Argentina. La empresa explotaba los casinos de Salta y tenía contrato hasta 2030, pero el gobernador Juan Manuel Urtubey le rescindió el contrato por presunto lavado de dinero, según lo explicó en ese momento el ministro Carlos Parodi.
El problema que se ha suscitado es que la acusación del ex ministro no ha sido acreditada todavía y que la Fiscal de Estado demoró en colaborar con la defensa a cargo de la Procuración General del Tesoro de la Nación a cargo del salteño Bernardo Saravia Frías.
La Nación aparece como un demandado circunstancial aunque sin compromiso financiero real puesto que, si el CIADI falla en contra de Salta, el Estado nacional retendrá de la coparticipación el monto de la indemnización que se disponga.
Aguas de Salta es otra empresa que se fue luego de un proceso vertiginoso. En mayo de 2015 Urtubey rescindió unilateralmente el contrato de concesión y creó la Compañía de Aguas y Saneamiento (Cosaysa o más conocida como Aguas del Norte). Vinculada al empresario Juan Carlos Relats, sospechado de las coimas en las megacausa de los cuadernos kirchnerista, esta sociedad fue reemplazada por una empresa estatal luego de abstenerse de invertir en infraestructura y dejar en estado caótico el servicio de distribución de agua potable. El gobierno urtubeycista, en su accionar vertiginoso, le preservó el crédito de una cartera de morosos que hace unos años ascendía a más de 60 millones. No conforme con ello, ahora ha iniciado otro reclamo millonario ante el CIADI que también tiene demandada a la Nación.
Otros 600 millones de pesos danzan en la demanda que interpuso la empresa Plumada, que tenía a cargo el archivo de documentación oficial y respecto del cual la provincia mantuvo congelado el precio por casi una década. El derecho a la actualización luego de que se rescindiera el contrato tuvo fallos a favor en la instancia inferior y en la Corte de Justicia de Salta. Empresa en la que se dijo que existían intereses de Fernando Yarade, Javier David y hasta Miguel Isa, tiene como dueño y responsable de la vidriera a Daniel Moreno. Reingresado Yarade a puestos de decisión dentro del gobierno, el arreglo podría resultar muy favorable a la reclamante.
El periodista Martín Grande ha asegurado que otros U$S 100 millones se adeudan por un casi centenar de juicios de expropiación que se iniciaron a instancias de favorecimiento hacia latifundistas amigos y por demagogia de legisladores que gustan de propiciar estas operaciones inmobiliarias para loteos.
Cuando nadie cuestionaba el peaje de Salta a Güemes, Urtubey congeló la tarifa durante años para luego revocar la concesión y encomendar la conservación de la ruta a la devaluada Dirección de Vialidad de Salta. Sus íntimos saben que la salida de esta empresa obedeció a la pelea con Juan Carlos Romero y al falso convencimiento de Urtubey de que Aunor le pertenecía al ex gobernador. En acuerdo extrajudicial la Provincia de Salta terminó pagando por este capricho 25 millones de pesos y quedó con una ruta insegura por su estado deplorable.
El cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado viene perdiendo todos los juicios que se iniciaron en contra de la provincia por estas decisiones apresuradas y caprichosas. Está claro, entonces, que hay errores que solamente pueden adjudicarse a Urtubey y sus ministros.
