La deuda pública y las mentiras del gobierno

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Las presiones ejercidas por el Poder Ejecutivo para que se apruebe el presupuesto con vértigo y sin mayor debate ha puesto incómodos a varios legisladores. No son pocos los que muestran alguna rebeldía luego de años de silencio y de obediencia como el Partido de la Victoria que votó en contra en la cámara baja.

En estados dos semanas desfilaron por la legislatura el Jefe de Gabinete, los ministros de distintas áreas y hasta los directores del Ente Regulador de los Servicios Públicos. Todos son sometidos a interrogatorios vinculados con ajustes presupuestarios, paritarias venideras e incrementos de tarifas poco claros. Mienten sobre supuestas prolijidades y orden en las finanzas por instrucciones expresas el Gobernador.

Sin embargo, el tema que más preocupa a los que comandan el Grand Bourg es la deuda generada en los últimos años y que determina una probable inviabilidad para el futuro gobernador. Tratan de ocultar la crisis autogenerada y evitar que los defectos comprometan la campaña a presidente de Urtubey y los intereses de algunos precandidatos a gobernador que no levantan en las encuestas.

Hace un año y medio, cuando todavía manejaba las finanzas el inefable Carlos Parodi, ya las cuentas de la provincia bordeaban la cesación de pagos y los acreedores eran obligados a financiar sus acreencias con cheques de pago diferido a seis meses. Cuando se agravó la crisis no solo les exigieron financiar sino otorgar quitas significativas.

Les resultaron insuficientes las partidas de gastos corrientes y pagaron los sueldos de octubre y noviembre de 2017 con giros en descubierto que autorizó el Banco Macro.

En devolución de favores, y para afianzar la previsibilidad de su devolución Jorge Brito pactó el reingreso de Fernando Yarade y su primo Emiliano Estrada para que administren las cuentas provinciales.

Los niveles de dependencia de Salta para con el poder financiero han sobrepasado los límites del cabotaje y en abril del año pasado recurrieron a un empréstito de 800 millones de pesos de los cuales sólo el 20% se asignó a obras en los municipios. Muchas de las obras proyectadas no tienen inicio de ejecución.

El 80% restante fue a parar predominantente a gastos corrientes, con excepción del dinero invertido en cubrir obras pendientes del Fondo de Reparación Histórica que amenaza con complicar a futuro al hermano del gobernador a pesar de la impunidad que se pretende garantizar con la ubicación de adictos en fiscalías y en los juzgados penales.

En septiembre pidieron casi 300 millones de dólares al mercad internacional y a una de las tasas de interés más elevadas (más de 9 puntos), utilizando como agente financiero al Banco Macro S.A. que sigue haciendo negocios impúdicos con el dinero de los salteños. El destino de esta plata aún no fue explicado aunque igualmene generará una deuda importante para la gestión venidera.

Es por ello que el IERAL (Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana) de la Fundación Mediterránea ha informado que Salta y Chubut son las dos provincias más comprometidas en sus cuentas públicas por deudas contraidas en moneda extranjera. En nuestra provincia los servicios de la deuda superan el 15% de sus ingresos corrientes y sólo en el primer semestre de 2017 Salta había emitido deuda por $3928 millones.

Acorde con la venta de una precandidatura presidencial que exige distorsionar números, ahora se pregona que Salta ha disminuido su deuda con Nación en 1000 millones por vía de compensaciones y que por estar equilibradas las finanzas no recurrirán al financiamiento externo.

Prometen hasta un nuevo teleférico con fondos que deberá gestionar el nuevo gobierno cuando en realidad no pueden comprometer más las arcas provinciales por haber agotado el límite endeudamiento.

No conformes con las malas administraciones en el ámbito financiero, otras decisiones politicas poco responsables repercutieron gravemente en los ajustados presupuestos de estos años.

La revocación de la concesión con Aguas de Salta, La Plumada y Aunor, expropiaciones impagas por más de 100 millone de dólares nos han expuesto al pago de indemnizaciones millonarias sin que el control legislativo y el de la Auditoría General hayan funcionado correctamente.

Es tiempo de poner las cosas en blanco sobre negro: Urtubey y sus adictos necesitan vender apariencias con vistas a la campaña presidencial de 2019. No les importa si en ese camino condicionan económicamente el destino de todos los salteños.

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