Las rendiciones y el poncho no aparecen

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Desde hace cuatro años que el Poder Ejecutivo Provincial no da cumplimiento oportuno a la obligación prevista por el artículo 10 de la Ley 7103 que exige hsta el 30 de Junio de cada año el envío a la Auditoría General de la cuenta general del ejercicio, informando sobre el movimiento de la totalidad de la hacienda pública.

Durante todos estos años se han aprobado los proyectos de presupuesto contemplando los gastos del año venidero sin saber en que se invirtieron los fondos de los años anteriores. La conformación de una cúpula obsecuente en la Auditoría General de la Provincia ha permitido que esta irregularidad tenga continuidad en el tiempo sin que se realicen intimaciones.

En estos días el Señor Gobernador quiso sacarse el sayo que le cabe en esta grave omisión y dijo que el habia remitido todas las cuentas y que la demora es imputable a pasividad de los auditores. La declaración se produce en simultáneo a que el mandatario confesara que no le alcanza el dinero del sueldo para sus gastos personales.

Algunas versiones que se expanden por los pasillos de la Auditoría General dan cuenta de que el directorio se niega a aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2014 que incluiría las partidas que fueron afectadas al Fondo de Reparación Histórica para la ejecución de obras que hasta hoy se encuentran pendientes. La administración de este fondo compromete al actual senador nacional Rodolfo Urtubey y justifica la reticencia legislativa de tratar su destino.

La semana pasada, cuando concurrieron al palacio legislativo Emiliano Estrada y Costa Lamberto a explicar sobre lo ocurrido con el Fondo de Reparación Histórica el Ministro de Hacienda informó que habían remitido las cuentas. Estos dichos fueron negados por el Presidente de Diputados Manuel Santiago Godoy quien aseguró que no era cierto que hubieran ingresado. Los datos que se cruzan entre autoridades de alto rango son contradictorios y no dejan de constituir un bochorno.

A pesar de la falta de conocimieno cierto de la forma en que se manejó el dinero de los salteños en los últimos cuatro años, la Legislatura Provincial se apresta a aprobar el proyecto de presupuesto correspondiente al año 2019 que asciende a 76.000 millones.

Como se advierte, esta situación también compromete a la Auditoría General que tiene encomendado el control externo del gasto público y que, por lo visto, no quiere controlar a nadie. A veces el vasallaje obliga a pagar estos precios ante la ciudadanía que ahora es inducida a creer que Urtube es prolijo mientras que los controladores son negligentes. Es el defecto de poner a controlar a los amigos.

Esto también constituye una renuncia a la función de control legislativo que es atribuíble a la afinidad politica de más de los dos tercios de los senadores y diputados provinciales.

No es cierto que Urtubey haya remitido en tiempo y formas las cuentas de los años 2014 a 2017. Sí es cierto que la Auditoría General nunca hizo nada para presionar al Poder Ejecutivo para que cumpla con sus obligaciones. Cada 30 de Junio esperaron las cuentas que no llegaron, pero nunca intimaron la remisión, ni informaron a la legislatura del incumplimiento. La legislatura tampoco intimó que le enviaran los números para poder saber en qué se gasta el dinero de todos.

Nadie puede controlar lo que no conoce y nadie puede conocer lo que no pregunta. En medio de la crisis económica que obligó al gobierno local a despedir al inefable Carlos Parodi, realizar ajustes groseros y contraer dos empréstitos millonarios en 2017, parece casi una broma que nadie quiera preguntar nada.

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