El análisis del Dr. Luis Segovia.
El impacto mediático que tienen los casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes de la Iglesia Católica Romana despierta el interés también por el derecho canónico. Especialmente, porque es un tema discutido entre los abogados, si existe en nuestro país otra jurisdicción, además que la del Poder Judicial, para juzgar los delitos sexuales.
El tema es profundamente jurídico, social y político, por lo tanto, intentaremos analizar en esas tres dimensiones.
Jurisdicción Eclesial.
La Iglesia Católica es una persona moral y jurídica de existencia necesaria, que se estructura a través del derecho canónico. Está representada en el mundo por la Santa Sede o Vaticano. Es una persona del derecho internacional público, en virtud de que la mayoría de los Estados del mundo le reconocen esa personalidad a través de tratados u otros actos públicos, como el nombramiento de embajadores.
Los tratados que la Iglesia celebra con los Estados se denominan Concordatos, y en nuestro país rige el firmado en el año 1966 y mencionado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.
Por el Concordato del año 66´ nuestro país le reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana, el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos.[1]
El reconocimiento de la jurisdicción es mucho más que otorgarle a la Santa Sede la competencia de nombrar los Arzobispos y Obispos, como escasamente se enseña en las universidades; implica el reconocimiento del derecho canónico, y en lo que aquí interesa, la facultad de juzgar delitos cometidos contra niños.
Así, en nuestro país, la Iglesia Católica puede aplicar entre sus miembros los cánones 1340 y 1395, por los cuales se entiende a los delitos de abusos sexuales como faltas al sexto mandamiento (no cometer actos impuros), faltas a la obligación especial del celibato, y se dispone que no pueden ser castigados con penitencias públicas por ser hechos cometidos en la clandestinidad.
Algunas investigaciones en el mundo.
La crisis global de la Iglesia por los escándalos de delitos sexuales probablemente comenzó en 2002, con la publicación del informe del equipo Spotlight, del periódico “Boston Globe” (llevada al cine en 2015). En dicho informe se reveló como la Iglesia sabía durante décadas, a través de 3 cardenales y muchos obispos, de los más de 130 casos de abusos perpetrados por el sacerdote Geoghan, y lejos de proteger a los niños, aplicó métodos de encubrimiento, como traslados, arreglos extrajudiciales, y reinserciones. [2]
Este informe mostró por primera vez la verdad oscura de la Iglesia y provocó que muchos Estados, incluido la misma Iglesia, formaran comisiones de investigación sobre el abuso sexual infantil. Algunos Estados se enfocaron solo en la Iglesia Católica, y otros, realizaron estudios incluyendo otras instituciones.
Así, en 2004, el informe sobre abusos encargado por la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU, reconoció que existían 10.667 denuncias sobre 4450 curas, en el periodo 1950 a 2002.
En 2012, por iniciativa de la primer ministra Australiana, Julia Gillard, se creó una Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil. La comisión recibió a más de 8000 víctimas, en sesiones privadas, entre mayo de 2013 y noviembre de 2017. El informe se presentó en diciembre de 2017, e hizo estas recomendaciones: a) se debería prohibir que los sacerdotes sean los empleadores de directores y maestros en las escuelas católicas, b) la Iglesia debería revisar la gobernanza y las estructuras de gestión de las diócesis y parroquias, incluso en relación con cuestiones de transparencia, responsabilidad, consulta y permitir la participación de hombres y mujeres laicos, c) La Iglesia debería reformar la Ley Canónica de 1983, para crear un nuevo canon o una serie de cánones específicamente relacionados con el abuso sexual infantil, de tal manera que los delitos relacionados con el abuso sexual infantil se articulen como delitos canónicos contra el niño, y no como fallas morales o como violaciones de la “obligación especial” del clero y los religiosos de observar el celibato. [3]
En 2015, por iniciativa del ministro del interior inglés, se creó la Comisión Investigadora Independiente sobre el Abuso Sexual Infantil. El objetivo de la comisión es considerar hasta qué punto las instituciones estatales y no estatales (incluida la Iglesia Católica) han fallado en su deber de cuidado para proteger a los niños del abuso y la explotación sexual; considerar en qué medida se han abordado esas fallas desde entonces; para identificar acciones adicionales necesarias para abordar cualquier falla identificada; considerar los pasos que deben tomar las instituciones estatales y no estatales para proteger a los niños de tales abusos en el futuro; y publicar un informe con recomendaciones. Hasta la fecha, la comisión no ha publicado su informe final. [4].
En julio de 2018, la Fiscalía Nacional de Chile informó que investiga más de 150 casos por hechos cometidos desde 1960 a la fecha. El escándalo en Chile se incrementó luego de que el Papa tildara las acusaciones contra el obispo Juan Barros como “calumnias”. Meses más tarde el jerarca de la Iglesia tuvo que ordenar una investigación a fondo, aceptando la renuncia de varios obispos, y declarar que en Chile hubo una “cultura del abuso”. La investigación en Chile avanza contra sacerdotes, obispos y diáconos, y la Fiscalía informó que la Iglesia ha destruido documentación.[5]
En Agosto de 2018, en Pennsylvania (EEUU), luego de 2 años de trabajo, el Gran Jurado dio a conocer un informe que involucró a más de 1000 víctimas, y denuncias sobre 300 sacerdotes. El informe tiene más de 1300 páginas y contiene recomendaciones para: a) evitar que la Iglesia pueda juzgar con sus estatutos los crímenes sexuales, b) crear sanciones para los miembros de la Iglesia que no reporten los abusos sexuales, c) prohibir los acuerdos de “no divulgación”, con respecto a la cooperación con la aplicación de la ley. [6]
En septiembre de 2018, en Alemania, se publicó el informe final de una investigación sobre abuso sexual infantil, que encargó la Conferencia Episcopal de ese país y realizaron 3 universidades. La investigación duró 4 años e involucró a 27 diócesis. El informe reveló 3677 víctimas de más de 1670 sacerdotes, entre el periodo 1946-2014. Más de la mitad de las víctimas eran hombres y menores de 13 años. 1000 víctimas eran monaguillos, y 500 integrantes de un coro (por años dirigido por el hermano de Benedicto XVI). [7]
¿Por qué no se realiza una investigación general en Argentina?
A pesar de la cantidad de casos de abuso sexual perpetrados por miembros del clero católico, en Argentina todavía no se ha debatido una política criminal para investigar estos crímenes, ni una política exterior para determinar qué hacer con la jurisdicción de la Iglesia Católica.
Las razones para hacerlo son muchas, pues, el derecho canónico, que dispone el secreto para estos casos, no respeta los derechos de las víctimas a acceder a la jurisdicción; las comisiones investigadoras del mundo han demostrado que estos crímenes tienen las características de un abuso de poder, donde se logra el ocultamiento y encubrimiento de estos crímenes, por el poder que el clero ejerce sobre sus miembros.
Para realizar una investigación se debería poner en cuestión el Corcordato del año 66´, especialmente para informar a todos los miembros de la Iglesia, que no tienen impedimentos jurídicos para denunciar estos casos ante la justicia del Poder Judicial.
Una investigación profunda debería concluir con recomendaciones para reformar ese concordato y prohibirle a los miembros del Clero ejercer jurisdicción sobre estos hechos.
Al respecto, el Gran Jurado de Pennsylvania comienza su informe diciendo: “Nosotros, los miembros de este gran jurado, necesitamos que escuchen esto. Sabemos que algunos de ustedes han escuchado algo antes. Ha habido otros informes sobre abuso sexual infantil dentro de la Iglesia Católica. Pero nunca en esta escala. Para muchos de nosotros, esas historias anteriores sucedieron en otro lugar, en otro lugar. Ahora sabemos la verdad: sucedió en todas partes”.
Por su parte, la Comisión Inglesa, creó un programa llamado “Proyecto Verdad”, para que las víctimas y los sobrevivientes compartan su experiencia y sean respetados y escuchados con respeto. “Al hacerlo, nos ayudarán a comprender mejor el impacto a largo plazo del abuso. Su contribución nos ayudará a hacer recomendaciones sobre las necesidades de apoyo, así como a cuestionar nuestras suposiciones de abuso sexual infantil”.
En Argentina ya existe una Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiástico. Son personas de todas partes del país. Se unieron para escucharse, apoyarse y hacerse escuchar, llegó el momento de crear una política criminal que los atienda.
Referencias.
[1] Texto oficial: http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19661010_santa-sede-rep-argent_sp.html
[2] Church allowed abuse by priest for years https://www.bostonglobe.com/news/special-reports/2002/01/06/church-allowed-abuse-priest-for-years/cSHfGkTIrAT25qKGvBuDNM/story.html
[3] Sitio Oficial de Comisión Australiana https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/final-report
[4] Sitio Oficial de la Comisión Inglesa https://www.iicsa.org.uk/
[5] La Fiscalía de Chile investiga por abuso sexual a más de 150 miembros de la Iglesia católica https://www.clarin.com/mundo/fiscalia-chile-investiga-abuso-sexual-150-miembros-iglesia-catolica_0_ByEdQyEVm.html
[6] Sitio Oficial del Gran Jurado de Pennsylvania https://www.attorneygeneral.gov/report/
[7] German Catholic priests abused thousands of children https://www.dw.com/en/german-catholic-priests-abused-thousands-of-children/a-45459734
